El auge de las fincas rusticas en venta Galicia y otras CC.AA no es casual: el precio generalmente inferior del suelo rural frente al urbano justifica este interés, máxime en épocas en que el ‘ladrillo’ se dispara, alejando a propietarios e inversores con carteras más modestas.
Pero la asequibilidad del suelo no urbanizable entraña ciertos riesgos. Por un lado, las limitaciones al acometer construcciones más allá de la superficie permitida. Por ejemplo, si la finca rural dispone de una vivienda y el propietario desea ampliar su extensión o altura, la legislación no lo permitirá. Las reformas con fines de zonificación afrontan obstáculos similares.
Aunque la rusticidad tiene su encanto, esta característica puede acarrear problemas de accesibilidad. Si las carreteras y senderos están en mal estado, el tránsito de vehículos y personas se verá perjudicado, tanto en explotaciones privadas como en negocios que requieran de una adecuada comunicación.
Para determinados proyectos, la calidad del suelo rural puede suponer un problema. Las plantaciones que se muestran rentables en determinadas regiones, puede ser un fracaso en otras, motivo por el que deben realizarse estudios de viabilidad.
Otro peligro latente de los terrenos baratos es la consideración de suelo rústico protegido, que limita en extremo las posibilidades de aprovechamiento del suelo, debido a su valor ambiental. En caso de ignorar su estatus de protección, la ley actual contempla multas elevadas y penas de prisión para los infractores.
La ausencia de suministros básicos —agua potable, electricidad, alcantarillado, etcétera— no es infrecuente en los terrenos rurales. La instalación de estos servicios, en caso de permitirse, conlleva un coste adicional.
Pese al desaliento de estas limitaciones y riesgos, el suelo rústico presenta beneficios que van más allá del precio económico. La escasa polución ambiental y el estímulo de estar en contacto con la naturaleza son pros a considerar.